Miguel Mondragón

miércoles, 1 de noviembre de 2017

DETENER LA CORRUPCIÓN, LA GRAN BATALLA DE ESTE TIEMPO

Doce mil seiscientos millones de soles le arrebatan al Perú anualmente individuos acostumbrados a corromper o a ser corrompidos, según cálculos de la Contraloría General de la República. Esa suma, que equivale casi al diez por ciento del Presupuesto General de la República del 2016 - es decir, cien soles de cada mil-, se la despojan a todos los demás ciudadanos del país.

El uso correcto de esa alta suma no solo mejoraría los puestos de salud, las escuelas y los programas sociales, sino también las delegaciones policiales, las vías de comunicación y los medios para enfrentar las catástrofes naturales. Así, mientras un grupo reducido de corruptos hacen tratos ilegales solo para su beneficio, el país entero pierde la ocasión de proteger la vida y de ampliar las oportunidades de personas y colectividades.

La actuación de los corruptos no se limita al uso indebido del poder o de los recursos públicos; tiene un impacto nefasto en derechos básicos. En escuelas, centros de salud y comisarías es notoria [a microcorrupción: médicos y personal de salud que incumplen su horario de trabajo y dejan sin atención oportuna a los pacientes; docentes que dejan de asistir a clases sin razón; efectivos policiales que se apropian del combustible asignado a patrulleros o que usan irregularmente fondos destinados a gastos operativos o de inteligencia, con lo que dejan de dar servicios vitales para la seguridad.

Si el Perú no tiene éxito en su lucha contra los corruptos, el futuro será más injusto y violento. ¿Cómo vencerlos? Para empezar, con la voluntad política clara y sostenida de nuestras máximas autoridades estatales. No hay manera de cambiar la situación, ni la tendencia anunciada, si el poder político no asume el liderazgo que le corresponde; peor aún si es complaciente y no toma iniciativas para cortar de raíz el ingreso de dinero ilegal a la política. Las autoridades políticas, por ser los principales tomadores de decisión, tienen una responsabilidad central y un papel insustituible.

La complejidad del desafío de combatir la corrupción, debe movilizar lo mejor de nosotros: mandatarios y ciudadanos de a pie, trabajadores independientes e integrantes del sector público y privado, mujeres y hombres, jóvenes y mayores. En esta tarea, las redes sociales y los avances tecnológicos pueden y deben transformarse en herramientas cruciales. Es momento de pasar de la tolerancia a la indignación; y de la indignación, a la integridad; es decir, a la honradez, la rectitud y la responsabilidad.


Comparto con ustedes el informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad, quien tuvo el encargo especifico de «proponer (en 45 días calendario) medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupción. 

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