Doce mil seiscientos millones de soles le
arrebatan al Perú anualmente individuos acostumbrados a corromper o a ser
corrompidos, según cálculos de la Contraloría General de la República. Esa
suma, que equivale casi al diez por ciento del Presupuesto General de la
República del 2016 - es decir, cien soles de cada mil-, se la despojan a todos
los demás ciudadanos del país.
El uso correcto de esa alta suma no solo mejoraría
los puestos de salud, las escuelas y los programas sociales, sino también las
delegaciones policiales, las vías de comunicación y los medios para enfrentar
las catástrofes naturales. Así, mientras un grupo reducido de corruptos hacen
tratos ilegales solo para su beneficio, el país entero pierde la ocasión de
proteger la vida y de ampliar las oportunidades de personas y colectividades.
La actuación de los corruptos no se limita al
uso indebido del poder o de los recursos públicos; tiene un impacto nefasto en
derechos básicos. En escuelas, centros de salud y comisarías es notoria [a
microcorrupción: médicos y personal de salud que incumplen su horario de
trabajo y dejan sin atención oportuna a los pacientes; docentes que dejan de
asistir a clases sin razón; efectivos policiales que se apropian del
combustible asignado a patrulleros o que usan irregularmente fondos destinados
a gastos operativos o de inteligencia, con lo que dejan de dar servicios
vitales para la seguridad.
La complejidad del desafío de combatir la
corrupción, debe movilizar lo mejor de nosotros: mandatarios y ciudadanos de a
pie, trabajadores independientes e integrantes del sector público y privado,
mujeres y hombres, jóvenes y mayores. En esta tarea, las redes sociales y los
avances tecnológicos pueden y deben transformarse en herramientas cruciales. Es
momento de pasar de la tolerancia a la indignación; y de la indignación, a la
integridad; es decir, a la honradez, la rectitud y la responsabilidad.
Comparto con ustedes el informe Final de la
Comisión Presidencial de Integridad, quien tuvo el encargo especifico de
«proponer (en 45 días calendario) medidas concretas para promover la integridad
y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de
fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupción.
